20/11/2024
Lo hizo la Superintendencia de Salud en una audiencia donde se discute el futuro de la investigación judicial. El principal denunciado es el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y ex presidente de la obra social OSPRERA, José Antonio Voytenco
La Superintendencia de Salud (SSS) denunció hoy un posible desfalco en la obra social de los peones rurales, la segunda más grande del país con casi 760 mil afiliados, de más de $3350 millones. Ocurrió durante una audiencia ante la Cámara Federal de La Plata, donde se discute el futuro de una investigación judicial contra el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Antonio Voytenco, acusado de lavado de dinero.
La obra social OSPRERA está intervenida hace varios días en el marco de la investigación judicial. Pero la historia tiene varias idas y vueltas. Todo comenzó a comienzos de 2023, cuando un juez de Santa Rosa (La Pampa) ordenó la primera intervención. Esa gestión pidió una ayuda financiera ante la Superintendencia de Salud de 3350 millones. “La rendición de esos fondos se presentó el 7 de diciembre y se aprobó un día después, por eso sospechamos que hubo una administración irregular”, dijo una fuente de la SSS.
Esa primera intervención terminó su mandato en marzo de este año. El Gobierno siguió investigando el manejo de la obra social y decidió una nueva intervención a través de un decreto que llevaba la firma del presidente Javier Milei. Pero el juez de Santa Rosa, Juan José Báric, decidió suspender a esa interventora.
La situación cambió a partir de una denuncia por lavado de dinero contra el titular del gremio, que quedó a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Hace un mes, el magistrado allanó la sede del sindicato, ordenó el embargo de los bienes y la inhibición de las cuentas de Voytenco, y suspendió a todo el directorio de la obra social.
Además, el juez autorizó a la Superintendencia de Servicios de Salud a adoptar durante 120 días medidas de control y gestión sobre OSPRERA. “Este movimiento busca salvaguardar los derechos de los afiliados y asegurar la transparencia administrativa dentro de la organización”, apuntó una fuente judicial.
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